A raíz de los múltiples retos ambientales a los que nos enfrentamos en la actualidad, es clara la necesidad de una transición hacia un modelo productivo basado en tecnologías y métodos de bajo impacto ambiental.

La Unión Europea se ha comprometido a liderar esta transición ecológica con el Pacto Verde Europeo, una estrategia integral que tiene como objetivo alcanzar la neutralidad climática para 2050 y proteger la biodiversidad y los recursos naturales.

Pero para lograr estos ambiciosos objetivos, no basta con las políticas públicas. También se necesita la implicación del sector privado, especialmente empresas e inversores, ya que tienen un papel clave en la financiación de la economía verde.

¿Cómo pueden saber las empresas y los inversores si sus actividades o productos son realmente sostenibles? ¿Qué criterios deben seguir para alinear sus decisiones con los objetivos ambientales de la UE? ¿Cómo pueden evitar el riesgo de caer en el greenwashing?

Para responder a estas preguntas, la UE ha creado la taxonomía verde europea, un sistema de clasificación de las actividades económicas que busca ofrecer una definición clara y común de lo que es sostenible y lo que no.

De forma resumida, se trata de un reglamento que establece los criterios para determinar si una actividad económica (por ejemplo, la producción de cemento) y cualquier producto de inversión asociado a ella pueden o no clasificarse como ambientalmente sostenibles.

Para ello, la taxonomía se basa en cuatro principios:

1. La actividad debe contribuir sustancialmente a uno o más de los seis objetivos ambientales establecidos por la UE:

• La mitigación del cambio climático (a través de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero)
• La adaptación al cambio climático, (con el reacondicionamiento de determinadas infraestructuras o actividades para protegerse de los efectos del cambio climático)
• El uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos
• La transición hacia una economía circular
• La prevención y control de la contaminación
• La protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas

2. La actividad no debe causar un daño significativo a ninguno de los otros objetivos ambientales.

3. La actividad debe cumplir con las salvaguardas sociales mínimas, como el respeto a los derechos humanos y laborales.

4. La actividad debe seguir las normas técnicas específicas para cada sector, que definen los umbrales y los indicadores para medir el desempeño ambienta

Estos criterios se aplican a más de 70 actividades económicas que abarcan sectores como la agricultura, la industria, el transporte, la energía o la construcción.

El reglamento de la taxonomía incluye anexos donde se enumeran las actividades elegibles según cada objetivo ambiental y las normas técnicas que deben seguir.

Esta taxonomía se basa en las recomendaciones de expertos y científicos y establece unos criterios técnicos para determinar si una actividad es sostenible o no lo es; y prevé una revisión periódica de la taxonomía para adaptarla a los avances científicos y tecnológicos.